Estas son dos de las recomendaciones aprobadas a propuesta de Ganemos. La obligatoriedad auto-impuesta de resolver por unanimidad impidió llegar a acuerdos en materia de responsabilidades políticas

Tagarral

El pleno celebrado ayer 28 de septiembre aprobó las conclusiones emanadas de la Comisión sobre el Tagarral. La unanimidad para cerrar dicha comisión fue un compromiso de todos los partidos. Por todo ello, las conclusiones y recomendaciones solo hablan de hechos relatados por los intervinientes.

Para Ganemos 3C era muy importante dejar reflejado el deber de entablar una negociación con la Comunidad de Madrid paralela al proceso judicial y que el Tagarral sea zona protegida, sin posibles recalificaciones.

Quienes recogieron y firmaron los requerimientos en los que la Comunidad de Madrid reclamaba la parte alícuota de la sentencia, unos 21 millones de euros, reconocieran los hechos. Pero el alcalde Jesús Moreno afirmó que a él nadie le había dado los requerimientos.

Es evidente -consecuentemente con los hechos recogidos-  que el Partido Popular, con el alcalde a la cabeza, escondió, distrajo o destruyó los documentos para salvar el proceso electoral. Los requerimientos son del 6 de octubre y del 30 de diciembre de 2014 y las elecciones municipales fueron en mayo de 2015.

Desde Ganemos creemos que debe haber responsabilidades políticas más allá de las conclusiones de la comisión y por eso pedimos que el alcalde cesara de sus funciones al concejal de Hacienda Javier Juárez.

El alcalde afirmó en esta comisión que ni Javier Juárez -alcalde en funciones en diciembre- ni David Becerra -trabajador de la EMSV encargado directamente por el alcalde de recepcionar el de octubre- le entregaron los papeles. Pero, tras enterarse de su existencia, no ha tomado ninguna medida contra estas dos personas: ni cese del concejal ni despido del trabajador. Ya que no solo le habían ocultado información al pueblo sino también a él como máximo responsable. Al menos que sí lo supiera, que se lo hubiesen entregado. En ese caso, como máximo responsable de la ocultación de los documentos, debería presentar su dimisión.

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